Dirección de Presupuestos publica primer estudio con la metodología para elaborar Informes Financieros
10/03/2026
Santiago, 10 de marzo de 2026.- La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda dio a conocer un estudio "Metodología para la Elaboración de Informes Financieros" que expone la metodología utilizada para elaborar los Informes Financieros (IF) que desarrolla la Dipres para los distintos proyectos de ley e indicaciones que se presentan en el Congreso. Cabe recordar que en 2024 se aprobó la ley N°20.128 que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, la que en su artículo 1 bis hizo obligatoria la presentación de Informes Financieros, por lo que este estudio contribuye al cumplimiento de dicha normativa. En esa misma línea, se publicó en el Diario Oficial el decreto exento que determina los contenidos esenciales y mínimos de los Informes Financieros.
Un IF es una exposición precisa y clara acerca de los efectos fiscales de un proyecto de ley, indicación o convenio internacional que el Presidente de la República presente a tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Estos constituyen el producto final de un proceso de revisión técnica del diseño de la política pública contenida en una iniciativa legislativa, donde un equipo técnico de la Dipres analiza las definiciones normativas, mecanismos de implementación y, principalmente, sus implicancias fiscales. De esta forma, se asegura coherencia con el marco fiscal vigente y con las capacidades institucionales existentes, considerando que podrán existir mayores o menores gastos o ingresos.
Así, tal como expone el documento, estos informes constituyen un instrumento central del proceso legislativo chileno, en cuanto permiten identificar, cuantificar y transparentar los efectos fiscales asociados a la tramitación legislativa.
Frente a esto, el estudio presenta un marco de referencia para la elaboración de los informes financieros, indicando principios, criterios y lineamientos generales para la correcta identificación, cuantificación y presentación de los efectos fiscales asociados a los proyectos de ley e indicaciones. Todo esto, con el fin de fortalecer la consistencia técnica, transparencia y trazabilidad de las estimaciones fiscales.
Este análisis se enmarca en un crecimiento considerable de desarrollo de IF, donde la cantidad de informes pasó de 146 en 2021 a 338 en 2025. Comparativamente, entre 2018 y 2021 el promedio anual de IF correspondió a 165 informes, mientras que entre 2022 y 2025, este número subió a 289 informes por año.
Esta alza fue impulsada por las obligaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y una mayor actividad legislativa, que alcanzó un total cercano a 3.240 proyectos de ley (mociones y mensajes), con un promedio anual de 810,75 iniciativas entre 2022 y 2025. Anteriormente, entre 2018 y 2021 se ingresaron cerca de 3.100 proyectos, con un promedio anual de 776,5 iniciativas.
Si bien una parte considerable de proyectos de ley en discusión tiene su origen en mociones parlamentarias, las que por definición no deben tener efecto fiscal, numerosas veces el Ejecutivo las patrocina o modifica, y al hacerse a través de una indicación, debe ser acompañada por un Informe Financiero.
"El costo fiscal reflejado en cada Informe Financiero es el resultado de un proceso de análisis que considera el diseño normativo de la iniciativa, la definición de la población objetivo y beneficiaria, la estimación de tasas de uso, la evaluación de requerimientos de personal, operación e inversión, así como la identificación de las fuentes de información disponibles y de los supuestos necesarios para su aplicación", explica el documento. Dicho proceso se sustenta en un trabajo técnico y coordinado entre la Dirección de Presupuestos y los ministerios y servicios competentes, incorporando las estimaciones sectoriales y sometiéndolas a un proceso de revisión y validación técnica.
De este modo, el estudio destaca que no existe una solución estándar aplicable a todas las iniciativas, sino que un conjunto de lineamientos generales: la elaboración de un IF debe revisarse caso a caso, atendiendo a las particularidades de la iniciativa legal, objetivos de política pública, condiciones institucionales y presupuestarias, entre otros. Se trata de un instrumento de carácter técnico y referencial que apoya el proceso legislativo al transparentar los efectos fiscales de las iniciativas legales.
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