Dirección de Presupuestos presenta aspectos fiscales de las indicaciones a la reforma de pensiones al Consejo Fiscal Autónomo

Para garantizar la sostenibilidad fiscal de la propuesta, en las indicaciones se consideraron una serie de mecanismos de seguimiento y eventual corrección. En el caso del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), su administrador deberá realizar cada tres años un estudio actuarial para un horizonte de al menos 75 años.

Santiago, 17 de enero de 2025.- La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, acompañada del equipo técnico de la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la institución, presentó este viernes al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) los aspectos fiscales de las indicaciones que este miércoles ingresó el Ejecutivo a la reforma previsional que actualmente se discute en la comisión de Trabajo del Senado.

Cabe recordar que la reforma propuesta beneficiará a un universo actual cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, con beneficios que incrementarán sus pensiones totales entre 14% y 35%. Dentro de este total, junto al incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), más de 900.000 afiliados que han cotizado con mayor regularidad, recibirán el beneficio por tiempo cotizado, mientras que casi 800.000 mujeres percibirán la compensación por diferencial de expectativas de vida.

En la reunión, que se extendió por más de dos horas, la autoridad dividió la presentación entre los efectos fiscales asociados al Seguro Social Previsional y las de mayor gasto fiscal asociadas al aumento del beneficio de la PGU y tasa de cotización.

Sobre el primero punto, precisó que el Fondo será un organismo público autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que contará con un Consejo Directivo cuyo mandato consistirá en administrar la gestión e inversión de los recursos del FAPP.

"Quisimos empezar esta conversación haciéndole un zoom a lo que fiscalmente se deriva de este Fondo, según las orientaciones del Manual de las Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rige las estadísticas fiscales de Chile y las hace comparables con otros países", dijo la directora quien agregó que "el proyecto de ley contempla una institucionalidad autónoma, técnica y robusta que deberá velar por la sustentabilidad del nuevo Seguro Social a lo largo de las generaciones, así como estrategias de mitigación para abordar estos riesgos".

Además, la directora de Presupuestos detalló que el FAPP tendrá tres fuentes de financiamiento: un préstamo fiscal de US$900 millones que se devolverá con un plazo de 20 años -lo que contablemente se considera una operación bajo la línea-, los puntos de cotización adicionales de cargo del empleador y los aportes fiscales. Estos aportes fiscales devienen del espacio fiscal al considerar una institucionalidad más liviana que el proyecto inicial y la no eliminación del test de afluencia al 10% más rico.

Las proyecciones de fuentes de financiamiento y gasto en beneficios con cargo al FAPP concluyen que éste es sostenible en el tiempo, incluso ante escenarios con parámetros más exigentes que los esperados, en términos de rentabilidad y costos de los beneficios.

De hecho, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la propuesta, en las indicaciones se estableció una serie de mecanismos de seguimiento y eventual corrección. En el caso del Fondo, su administrador deberá monitorear permanentemente su sustentabilidad mediante estudios técnicos y actuariales cada 3 años y que deberán proyectar a lo menos 75 años hacia el futuro. Si el estudio actuarial concluyera que, para alguno de los años comprendidos el FAPP no será sustentable, el administrador del Fondo deberá proponer ajustes al Seguro Social Previsional al Presidente de la República, quien deberá enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para introducir las modificaciones necesarias para restablecer la sustentabilidad del Fondo.

En la presentación, tal como en el informe financiero que acompaña las indicaciones, se abordaron también los efectos fiscales de la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo mayor gasto está sustentado por la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias ya vigente.

Las implicancias fiscales de la mayor tasa de cotización, reducción del encaje y nueva institucionalidad necesaria para implementar esta reforma también fueron materia de la presentación de Dipres. En términos generales, se aclaró que el mayor gasto asociado principalmente a las alzas graduales de la PGU, al aporte fiscal para el Fondo Autónomo de Protección Previsional y a incrementos de cotización, se mantiene en los niveles considerados en la planificación financiera fiscal de mediano plazo, incluyendo los recursos proyectados provenientes de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario.