Directora de Presupuestos se reúne con sociedad civil para abordar el proyecto de ley de Presupuestos 2024

Santiago, jueves 2 de octubre de 2023.- Como una manera de mantener una comunicación fluida entre el Ejecutivo y la sociedad civil, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, y parte del equipo de Dipres, se reunieron con representantes de los distintos centros de estudios, academia y organizaciones de la sociedad civil del país, con el objetivo de explicarles con más detalles el proyecto de ley de Presupuestos 2024 que actualmente se discute en el Congreso.

De esta forma, la autoridad puso énfasis en los principales cambios normativos que trae la ley, que consideró gran parte de las medidas propuestas por la Comisión Ministerial para la relación del Estado y las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro: se incluyen más de 1.000 modificaciones que buscan mejorar los estándares para el buen uso de los recursos y, en paralelo, se realiza un esfuerzo importante por mejorar la calidad del gasto público.

"Mantener un diálogo fluido con la sociedad civil y conversar con ellos sobre los más de 1.000 cambios que presenta el proyecto de ley de Presupuestos 2024 es muy importante para nosotros como Dirección de Presupuestos. Por eso quisimos invitarlos, escuchar sus preocupaciones y también sus aportes, antes de conversar estos temas en profundidad con el Congreso, desde la próxima semana", destacó la directora de Presupuestos.

Así, una de las principales transformaciones son los cambios introducidos en el artículo 23 de la Ley, que se refuerza, y la introducción de nuevos artículos relacionados. Estos cambios implican que a partir de 2024 se terminará con las asignaciones directas excepto por las que estén explícitas en la Ley, ya que el concurso será obligatorio para realizar cualquier transferencia a una institución privada, sea de capital o corriente. A esto se suma una mayor regulación a través del artículo 24, que establece los requisitos que deberán cumplir los convenios de transferencias, diferenciando entre beneficiario final de una transferencia y ejecutor directo.

Asimismo, explicó la directora, se busca asimilar los procesos con respecto a la Ley de Compras, mandatando licitaciones competitivas, procesos abiertos y transparentes. Finalmente, detalló que el nuevo artículo 26 plantea la inhabilitación de funcionarios públicos en concursos que están haciendo sus servicios, entre otras limitaciones para avanzar en probidad y transparencia.

En la reunión también se presentó la incidencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación de programas en la formulación del Presupuesto 2024. Considerando los programas con identificación presupuestaria explícita, en el proyecto de ley de Erario Fiscal para el próximo año se aumentó en un 3% promedio el presupuesto para 201 programas con buena evaluación o sin condicionamientos. Por el contrario, para 82 programas con mala evaluación ex post, objetados técnicamente y/o con condicionamientos nos superados la rebaja fue de un 10% en promedio. Cabe destacar que las reducciones de presupuestos que apuntan a mejorar la eficiencia sumaron $ 35.000 millones.

En la oportunidad, estuvo presente Paola Cabello, jefa oficina de información, análisis y asesoría presupuestaria del Senado; Cristina Torres, coordinadora del Programa Fiscal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián; Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Civiles (COS); Luisi Álvarez, directora de incidencia y organizaciones de la COS; Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC; Macarena García, economista senior Libertad y Desarrollo (LyD), quien además es vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Dipres; Esteba Ávila, abogado del programa legislativo de LyD; Fiorella Romanini, abogada del programa legislativo de LyD; José Viacava, coordinador de diplomados de postítulo de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante del Cosoc de Dipres; María Luisa Correa, coordinadora área de Estudios de la Fundación San Carlos de Maipo; Bárbara Bayolo, abogada del área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán; y Carlos Castro, director ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.